La medida regirá por los próximos 180 días. Comenzarán realizando una auditoría para conocer el estado judicial y de adjudicaciones de licencias.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la intervención por 180 días del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la designó como interventor del organismo a Juan Martín Ozores. La medida fue tomada mediante el decreto 899/2024, la cual fue publicada en el Boletín Oficial en torno al ente autárquico y descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Como interventores adjuntos fueron designados Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, quien fuera interventor del organismo durante la presidencia de Mauricio Macri. Se especifica que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología podrá prorrogar el período de intervención mediante una única reunión.
El decreto también ordena la elaboración de un informe de auditoría con respecto a la situación del organismo, en cuanto al aspecto judicial y de adjudicación de licencia, entre otras cuestiones.
Además, se prescribe “determinar y redefinir regulaciones que por su obsolescencia o por su contenido demoran y dificultan el avance tecnológico y hacia la convergencia de sistemas del sector de las TIC y de los servicios audiovisuales” e impulsar “las acciones tendientes al ordenamiento del régimen del personal del Ente en cuanto a su condición de revista”.
En los considerandos, se justifica la medida, entre otras cuestiones, al considerarse que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (Enacom), que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”.
Asimismo se señala “que dichas decisiones han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”. Entre otras cuestiones, se marca que “deberá informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia del organismo”.
Además, apunta a “la simplificación de los trámites administrativos” del Ente y a un relevamiento de su estructura organizativa con el fin de fomentar su “profesionalización y eficiencia”.