La Libertad Avanza seguirá las negociaciones con los bloques opositores por posibles modificaciones a la ley de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”.
El oficialismo de la Cámara de Diputados retomará en los próximos días las charlas con los bloques opositores para analizar posibles modificaciones a la ley de “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos” impulsada por el presidente Javier Milei, y buscará avanzar a fines de la semana en un dictamen para llevarla al recinto “lo antes posible”.
En tanto, el plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto de la Cámara de Diputados recibirá este lunes a representantes de la sociedad civil, alcanzados por la iniciativa, tras aceptar un planteo en ese sentido por parte de los legisladores de la oposición, especialmente de Unión por la Patria (UxP) y la Izquierda, formulado a lo largo de la semana pasada.
No obstante, el oficialismo mantiene el objetivo de aprobar antes del 25 de enero el proyecto para darle tiempo al Senado a sancionarlo dentro del período extraordinario de sesiones, que vence el 31 de enero.
En ese marco, La Libertad Avanza (LLA) aspira a emitir dictamen antes del viernes próximo, y no descartan la posibilidad de que se pueda convocar al plenario ese mismo día o el sábado, en el marco de la “nueva dinámica” que se le quiere dar a la actividad legislativa.
Esa posibilidad fue anticipada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en declaraciones formuladas el viernes último no descartó “acelerar” el debate para “dictaminar y aprobar la ley lo antes posible”.
“Tenemos una urgencia muy importante, ya lo dijo el Presidente porque “no hay plata”. El plan ideal es (aprobar la ley) lo antes posible. Vamos a ver si llegamos antes de cualquier fecha. Se va a trabajar, se viene trabajando intensamente en enero, es algo inédito que la cámara esté abierta y trabajando ahora”, aseveró Menem.
Asimismo, la idea de aceptar cambios fue anticipada por el oficialismo a lo largo de los tres plenarios que se realizaron la semana pasada, en la que expusieron 13 funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y de Seguridad, Patricia Bullrich, además de secretarios de diferentes áreas.
En ese sentido, Francos aseguró que el Gobierno tiene “vocación de diálogo” en el tratamiento parlamentario de la ley y afirmó que “se escuchan a los legisladores, pero también a gobernadores, sectores empresarios y asociaciones intermedias”.
Por su parte, el jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago, apuntó que se está dialogando con “todos los bloques, con el PRO, con la UCR, con la Coalición Cívica (CC), es muy importante ir “recepcionando” las inquietudes que ellos tienen, y ponernos de acuerdo para llegar a algún consenso que nos permita ir al recinto, donde seguramente se van a seguir discutiendo algunos puntos”.
Sin embargo, desde los bloques que reconocen ánimo de contribuir a la gobernabilidad advierten sobre “la falta de interlocutores precisos” para definir los temas sobre los que realizan observaciones.
En el marco de esas conversaciones, los tres principales bloques de la oposición dispuestos a acompañar, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, coinciden en el esquema de temas sobre los que no aceptarían el texto de la ley tal como llegó al Congreso: facultades delegadas y jubilaciones son los dos temas que hoy sufrirían el mayor embate.
Según la agencia Télam, en cuanto a los posibles respaldos al proyecto, en los borradores que circulan por despachos de diputados que “porotean” todos los días cuentan unos 130 diputados seguros para el quórum, que es de 129, y para la mayoría necesaria para aprobar el articulado.
Suman a los 40 libertarios (los 38 de LLA más Carolina Piparo y su socia); los 40 del denominado Frente PRO, y parcialmente a representantes de otros tres espacios: 26 de los 34 radicales; 14 de los 23 de HCF y 10 de los 13 provinciales.
En tanto, consideran que el núcleo duro de rechazo a la ley lo conforman los cinco de la izquierda y los 102 de UxP, que aseguran internamente que “no tendrán fisuras” y que “ninguno” de esos gobernadores “facilitará que sus diputados apoyen el texto”.